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El siglo XXI y la situación de contexto que nos presenta, obliga a las Administraciones Públicas a re-pensarse. Una nueva visión de viejos conceptos como el peso del Estado; la necesidad de reducir el gasto público; la exigencia de incorporar conceptos de responsabilidad, receptividad (responsiveness) en su gestión; las contradicciones en la gestión planteadas entre el control público y la desregulación o privatización y las consecuencias de cada estilo de gestión en estos tiempos; el pasaje de la organización mediante estructuras centralizadas a la descentralización de servicios; etc.
La Administración Pública no puede ya asumir, como ha hecho históricamente, por sí sola, los esfuerzos financieros y operativos que demanda y exige la sociedad en esta era, la “era de la información y la tecnología”. Es necesario cambiar de un estilo de gestión burocrática a una gestión más moderna, una gerencia de la gestión pública, donde la clave del cambio se ubique en “la confianza” en los gestores públicos, lo que implica un cambio radical con nuevas dimensiones de gobernabilidad:
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La participación y el control social;
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La eficiencia, transparencia y equidad en la gestión de los recursos públicos;
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La capacidad de arbitrar y encontrar los puntos de equilibrio y consenso entre los intereses y objetivos de los distintos sectores sociales.
Es necesario saber “llevar el timón” cuando los que reman mejor son los otros actores involucrados y “remar” sólo cuando sabemos remar mejor, generando los instrumentos necesarios para ello.
Tres aspectos clave surgen para el logro de esta transformación:
1. La generación de capacidades estratégicas y operativas en los actores involucrados, sean ellos los servidores públicos, los proveedores de servicios o la propia comunidad. Capacidades que habiliten el conocimiento, la responsabilidad, el involucramiento, la motivación, la eficiencia y la dignidad de los puestos de manera de presentar a la opinión pública una nueva consideración del funcionario como servidor público. Capacidades que habiliten una competencia positiva entre empresas privadas proveedoras de servicios que permita un crecimiento del conjunto más que la destrucción del sistema. Capacidades que habiliten facultar a los ciudadanos a ejercer el control social que se requiere fuera de la estructura burocrática.
2. Una modernización de los procesos y procedimientos, innovación para optimizar los servicios que se prestan de manera que sean más sencillos, más ágiles y de mejor calidad, adaptados a esta nueva era donde la información y comunicación es la base del cambio.
3. Nuevos conceptos en la administración de los recursos económicos, con la implantación de sistemas de planificación, ejecución y control que permitan al mismo tiempo una adecuada priorización de los recursos escasos frente a las demandas de la sociedad, al tiempo que una garantía de transparencia hacia la sociedad misma y arbitraje de sus intereses particulares, muchas veces conflictivos entre sí.
Hay cada vez menos dinero para la prestación de servicios dadas las cada vez mayores exigencias de la sociedad. Es inevitable conducir a la sociedad toda, a los distintos grupos de interés, a abrazar juntos las metas y estrategias comunes. Habitualmente se buscan dos caminos: subir los impuestos o bajar los gastos; queremos una tercer opción: mejorar sin subir los impuestos, hacer más y gastar menos. El sistema tradicional de gestión pública se centra en datos y no en resultados. De este modo existe escasa motivación por un mejor rendimiento y rara vez se obtienen buenos resultados gastando menos. La necesidad de medir los resultados es básico para distinguir entre el éxito y el fracaso a efectos de reconocer el éxito y recompensarlo, aprendiendo de él para multiplicarlo; así como conocer el fracaso para analizarlo y tomar medidas, convirtiéndolo en una oportunidad de mejora. Generalmente se recompensa el fracaso ya que sólo en estos casos se recibe ayuda, cuando las cosas se hacen bien se pierde la ayuda.
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